“Las plataformas son un colchón económico para miles de familias”: Alianza IN advierte riesgos de proyecto que endurece sanciones a apps de movilidad

El debate sobre el futuro de las plataformas digitales de transporte volvió a encenderse en Colombia tras la presentación de un proyecto de ley del Gobierno que propone un régimen sancionatorio más severo para este tipo de servicios. La iniciativa, actualmente en trámite en el Congreso, ha generado inquietud entre conductores, usuarios y empresas del sector, que consideran que la propuesta no busca regular, sino restringir de manera drástica un modelo que hoy forma parte de la cotidianidad urbana y de la economía de miles de hogares.

José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza IN —el gremio que agrupa a las principales plataformas de movilidad digital—, advierte que el proyecto representa un giro regresivo en materia de innovación, empleo y libertad de elección para los ciudadanos. En diálogo con este medio, sostuvo que la propuesta desconoce la realidad social y económica del país y amenaza con desmontar un ecosistema que funciona como red de apoyo en contextos de crisis.

Un proyecto que genera alarma en el sector

Aunque el proyecto fue radicado el pasado 20 de enero y aún debe surtir todo el trámite legislativo, desde Alianza IN consideran que su enfoque es preocupante. A juicio del gremio, la iniciativa parte de la premisa de declarar ilegales los servicios prestados a través de plataformas que operan con vehículos particulares, pese a que millones de colombianos los utilizan diariamente por razones de seguridad, costo y eficiencia.

Según López, más que avanzar hacia una regulación moderna que integre la tecnología a la movilidad urbana, el texto plantea una serie de medidas orientadas a “asfixiar” el modelo: sanciones elevadas, inmovilizaciones prolongadas de vehículos y un fortalecimiento de operativos de control en zonas estratégicas de las ciudades.

El impacto sobre quienes dependen de las aplicaciones

Uno de los principales focos de preocupación es el efecto directo sobre los conductores. De acuerdo con cifras del gremio, durante el último año cerca de 1,2 millones de cuentas realizaron al menos un servicio a través de plataformas digitales. Si bien una misma persona puede tener varias cuentas, se estima que entre 300.000 y 400.000 colombianos generan ingresos gracias a estas aplicaciones.

“El perfil del conductor es muy diverso”, explica López. “Hay personas que trabajan tiempo completo, pero también adultos mayores que no consiguen empleo formal, madres cabeza de hogar que necesitan flexibilidad, estudiantes y trabajadores que complementan sus ingresos”. Para muchos, estas plataformas representan una alternativa inmediata para sostener a sus familias.

El proyecto de ley, sin embargo, contempla inmovilizaciones de vehículos por hasta 120 días en caso de reincidencia. Para el gremio, esta medida equivale a quitarle a una persona su herramienta de trabajo. “Sin vehículo no hay ingresos, y sin ingresos hay un impacto directo en el bienestar de los hogares”, advierte el dirigente.

Sanciones que van más allá de los conductores

El alcance de la iniciativa no se limita a quienes prestan el servicio. El texto también prevé multas millonarias para copropiedades y conjuntos residenciales que permitan el parqueo de vehículos asociados a plataformas, sanciones que podrían superar los 700 millones de pesos. En ciudades con alta densidad de propiedad horizontal, esta medida podría generar conflictos comunitarios y una presión adicional sobre la clase media urbana.

Además, el proyecto faculta a las autoridades locales para intensificar controles en zonas de alta demanda, como aeropuertos, centros comerciales y hoteles, lo que, según Alianza IN, configura un esquema de persecución que impacta tanto a conductores como a usuarios.

Estos últimos tampoco quedarían al margen: el articulado contempla sanciones económicas para quienes utilicen estos servicios, con multas que podrían llegar a varios millones de pesos por trayecto. “Se castiga no solo a quien ofrece el servicio, sino también al ciudadano que decide cómo movilizarse”, señala López.

Un papel clave en tiempos de incertidumbre económica

En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y el encarecimiento del costo de vida, el presidente de Alianza IN subraya el rol social que cumplen las plataformas. “En momentos de crisis económica, despidos o inestabilidad laboral, estas aplicaciones funcionan como un amortiguador social”, afirma. La facilidad de acceso y la rapidez para generar ingresos permiten que miles de personas cubran gastos básicos mientras encuentran otras oportunidades.

Desde esta perspectiva, el gremio considera que eliminar o restringir severamente este modelo tendría consecuencias sociales profundas, especialmente en un país con brechas laborales persistentes.

Llamado al diálogo y a la concertación

Aunque el proyecto aún no es ley y las plataformas continúan operando con normalidad, el sector teme que su eventual aprobación genere un ambiente de inseguridad jurídica que desincentive la operación de las aplicaciones y empuje a conductores a abandonar esta actividad.

López recuerda que, en el pasado, el Gobierno se había comprometido a no presentar una iniciativa de este tipo sin un proceso previo de concertación. Por ello, Alianza IN hace un llamado a retirar el proyecto y abrir un diálogo amplio que permita construir una regulación equilibrada, que reconozca la realidad tecnológica, proteja a los usuarios y garantice condiciones dignas para quienes dependen de estas plataformas.

“Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo”, concluye el dirigente gremial, al advertir que el debate no debería centrarse en prohibir, sino en cómo integrar la innovación digital a la movilidad y al empleo en Colombia.