Salario mínimo 2026: los riesgos que advierten expertos ante un aumento excesivo

Anif señala que las cuentas del Estado no soportarían un ajuste que supere el 7,5%.

La discusión sobre el salario mínimo para 2026 vuelve al centro del debate nacional, en un momento en el que la economía enfrenta un repunte de la inflación, una caída de la productividad y un panorama fiscal estrecho. Aun así, el Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado su interés de cerrar su mandato con un aumento cercano al 11%.

Frente a ese anuncio, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicó un informe en el que pide cautela y advierte que un incremento por encima de lo que permiten los indicadores económicos podría desencadenar un impacto negativo en varios frentes: las finanzas del país, el mercado laboral y la estabilidad macroeconómica.

La entidad recordó que el ajuste ideal debe guiarse por la suma de la inflación y la productividad, una fórmula diseñada para proteger el ingreso de los trabajadores sin deteriorar la competitividad. Cuando ese tope se sobrepasa, señaló Anif, se abren riesgos como más presión inflacionaria, encarecimiento del empleo formal y mayores gastos para el Estado.

Anif también explicó que la inflación, que a comienzos de 2025 venía bajando, retomó una tendencia al alza entre junio y octubre, pasando de 4,82% a 5,51%. Con estos datos, proyectan que el año terminará con un índice cercano al 5,34%. A esto se suma que la productividad laboral disminuyó 1,2%, debido a que el número de personas ocupadas creció más rápido que la producción del país, un patrón que ya se había observado en 2022 y 2023.

Con estas dos variables —inflación y productividad negativa— el espacio técnico para un incremento amplio del salario mínimo es reducido. Según sus cálculos, cada punto porcentual por encima del aumento de referencia (inflación más productividad) añade alrededor de 0,24 billones de pesos al costo fiscal del régimen de prima media.
Así, un ajuste que alcanzara el 10% podría representar un impacto superior a 1,1 billones de pesos, presionando aún más las cuentas públicas y limitando recursos para programas sociales.

Por ello, la entidad recalcó que la situación fiscal del país exige moderación. Un aumento mayor al 7,5% —señalan— no solo rompería el marco de la regla fiscal, sino que podría incentivar más informalidad y frenar la creación de empleo formal. También advierten que incrementos desmedidos pueden trasladarse a los precios, alimentando nuevas presiones inflacionarias.

El informe subraya que el sistema pensional es uno de los canales más sensibles a estas decisiones, ya que las pensiones mínimas en el régimen público están directamente indexadas al salario mínimo. Cada aumento se refleja en mayores obligaciones para el Gobierno, reduciendo la capacidad de atender otras prioridades.

En sus conclusiones, Anif insiste en que un ajuste cercano al 7,54% —resultado de sumar inflación y productividad— sería suficiente para mantener el poder de compra sin comprometer la estabilidad económica. Superar ese umbral, en cambio, podría convertirse en una carga fiscal difícil de sostener en el contexto actual.

En un escenario económico aún frágil, el mensaje del centro de estudios es claro: subir el salario mínimo más allá de lo que la economía puede soportar no solo es riesgoso, sino que podría convertirse en un costo que el país no está en capacidad de asumir. Mantener la prudencia, afirman, es tan importante como proteger el ingreso de los trabajadores.